El diputado popular, Fernando Enseñat, ha planteado una Proposición No de Ley (PNL) que se debatirá en el Parlamento de Canarias para instar al Gobierno de Canarias a plantear un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional tras la Resolución de caducidad sobre la Concesión Administrativa del Hotel Riu Oliva Beach.

El Hotel Riu Oliva Beach, establecimiento emblemático en Fuerteventura, se encuentra en medio de una disputa legal sobre la caducidad de su concesión administrativa. “La Reforma de la Ley de Costas de 2013 permitió una prórroga de 75 años para las concesiones existentes, incluyendo la del Hotel Oliva Beach, con la condición de realizar mejoras en el hotel y aumentar los puestos de trabajo” recordó. Si bien un informe de la Abogacía del Estado recomendaba regularizar la concesión, el Gobierno español inició un procedimiento para declarar la nulidad de la concesión, lo que podría resultar en el cierre del hotel.

“Si bien las competencias de Costas eran ya propias de la Comunidad Autónoma, según lo establecido en el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018, la transferencia se formalizó el 1 de enero de 2023 mediante el Real Decreto”, manifiesta el diputado.

A pesar de este traspaso, el proceso de caducidad de la concesión otorgada al Hotel Riu Oliva Beach en 2003 continuó avanzando. El expediente de caducidad se inició el 5 de julio de 2022 y fue notificado a la parte interesada el 20 de julio de 2022. Curiosamente, cinco días después, el PSOE celebró una rueda de prensa sobre el acuerdo de competencias, presentándolo como "el mejor posible".

“Ya en plena campaña electoral y siendo ya efectivo el traspaso de competencias, el Gobierno de Canarias, en aquel momento dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres, autorizó obras en el hotel y los apartamentos, obras que fueron paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a petición del abogado de Estado, que actuaba en la línea del Ministerio. La clave está en el texto de la resolución que señalaba que dos administraciones que dicen ser las competentes en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Canarias, ratificando con ello, el caos y la inseguridad jurídica existente”, señala Enseñat.

“Para dar una vuelta de tuerca más, el 28 de febrero, el Ministerio de Transición Ecológica se pronunció favorablemente a la declaración de caducidad y derribo, lo que demuestra el engaño de Ángel Víctor Torres con los trabajadores del Oliva Beach y su mala gestión a la hora de negociar el traspaso de competencias”, remató Enseñat.

“Todo esto nos ha llevado a plantear esta PNL en la que solicitamos al Gobierno de Canarias, que en caso de que el Gobierno de España no quiera a negociar, plantee este conflicto de competencias para dirimir esta invasión de nuestras competencias, que va más allá del propio Oliva Beach, afecta a toda Canarias”, sentenció.