Drago Canarias ha recibido testimonios de varias personas trabajadoras del Hotel Oliva Beach en Fuerteventura, de la cadena RIU, “que aseguran haber recibido presiones” en relación a la resolución del Ministerio de Transición Ecológica que acuerda la caducidad de la concesión para ocupar el dominio público y la demolición de las instalaciones.

Además, el escrito de alegaciones presentado por un colectivo de trabajadores del complejo, reiterando las ya planteadas por la mercantil y asegurando representar la voluntad de los trabajadores, “solo ha sido firmado por menos de la mitad de la plantilla, que está formada por en torno a 400 empleados”.

Tal y como ha explicado la portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura, Aceysele Chacón, “muchos de los trabajadores y trabajadoras no se sienten libres de expresar abiertamente su opinión” y añade que “el hecho de que el escrito haya sido firmado por menos de la mitad de los trabajadores indica claramente que la mayor parte de la plantilla del Oliva Beach entiende que si el hotel ha incumplido la concesión, debe hacerse responsable”.

“La empresa ha tenido tiempo más que suficiente para enmendar sus errores, pero ha preferido mantener en explotación los hoteles” situados en las Dunas de Corralejo, “hecho que por otro lado nunca debió producirse”, prosigue la portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura.

Chacón recalca en un comunicado que RIU ha alargado “la batalla jurídica todo lo que han podido, con querellas ya desestimadas e incluso llegando a utilizar a los trabajadores para defender sus intereses y continuar lucrándose a costa de nuestro suelo”.

En este sentido, Chacón sostiene que “resulta indignante y oportunista que las distintas administraciones canarias defiendan el complejo turístico con la excusa de mantener los puestos de trabajo”.

Así, hace hincapié en que “desde el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva no se haya velado por los derechos de esas personas trabajadoras que pueden perder su trabajo, garantizando una transición justa para todas ellas, ofreciendo soluciones reales, y que, en su lugar, las administraciones institucionales en Canarias hayan primado el interés de la empresa multinacional que, de acuerdo con la resolución, se habría saltado deliberadamente las condiciones de la concesión”.

Asimismo, Chacón recuerda que la resolución “que obliga a la demolición del Hotel Oliva Beach se sustenta en hechos muy graves”, como el vallado que impedía el acceso a una zona pública o no haber comunicado que una veintena de apartamentos no eran de su propiedad cuando se tramitó la concesión, además de obras no amparadas por autorización de Costas.

La portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura concluyó reconociendo “el esfuerzo de asociaciones ecologistas como Agonane y Turcón, pertenecientes a la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, por seguir este caso y personarse en la causa en búsqueda de justicia y protección del entorno, que es de todos”.