El exalcalde de La Oliva Domingo González Arroyo ha defendido este jueves en la primera sesión del juicio del caso ‘Las Clavellinas’ que se cumplió "la voluntad del donante" que en 1982 cedió al municipio 27 hectáreas de terreno para los vecinos de Corralejo y para que el Ayuntamiento dispusiera de suelo para equipamientos.

Sin embargo, unas 12,5 hectáreas de ese suelo fueron segregadas en 1999 y vendidas a La Caixa. La empresa que absorbió a la mercantil del empresario belga Guy Van Dahl, que donó los terrenos, está personada en la causa como acusación.

González Arroyo sostuvo en el juicio que la donación, en la zona conocida como Coto del Tamboril y Fragoso de los Negros, “se aceptó con la libertad de poder enajenar una parte”. En cuanto a si efectivamente se cedió suelo a los vecinos de Corralejo para poder construir, el exalcalde reconoció que la zona nunca se llegó a urbanizar.

Además de González Arroyo, se sientan en el banquillo de los acusados los concejales que votaron en aquel momento a favor de la segregación y enajenación de la parcela donada al Ayuntamiento. Se trata de José Juan Aguiar, Alejandro Hernández, José Cristóbal Calero, Tomás Andrés Pérez y Marcelino Umpiérrez. Solo Umpiérrez sigue en política, como concejal de Turismo de La Oliva y portavoz de Nueva Canarias.

Los antiguos ediles del grupo de gobierno de González Arroyo insistieron en que su voto a favor de la operación se basó en los informes jurídicos. Cerdeña declaró que desconocía si en los terrenos donados al Ayuntamiento se llegó a hacer “algo para los vecinos”, como era la finalidad de la donación.

Los terrenos vendidos supuestamente sirvieron para ingresar unos 250 millones de pesetas con los que el Ayuntamiento de La Oliva pagó un crédito que mantenía con el propio banco que se adjudicó la parcela. Desde la acusación se recordó que está prohibido pagar deuda del Ayuntamiento subastando sus propiedades.