11
Ago
2017
Manuel Riveiro

A pesar de las beach parties, carpas y demás fiestas que se aprietan en el calendario de la temporada estival majorera, la imagen de este verano ha sido, por ahora, otra: la de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pasando revista a las tropas en el cuartel de Puerto del Rosario y asistiendo después a un ejercicio de adiestramiento. Eso sí, evitó, como hizo en toda su tournée por el Archipiélago, las preguntas. Una incógnita clave que debe despejar su Ministerio es si acepta o no el convenio que el Ayuntamiento capitalino le ha planteado, por ahora sin éxito, para destinar una parte en la trasera del cuartel para levantar el Palacio de Justicia.

De año en año, generalmente en enero y aprovechando la feria turística Fitur en Madrid, se informa de que algún responsable municipal se reúne con alguien del Ministerio. El encuentro se convierte en noticia, cuando lo debiera ser el acuerdo, que no llega. Mientras tanto, se tienen que suspender juicios por la falta de salas disponibles y son notables las quejas por la dispersión de los órganos judiciales y la Fiscalía.

A ello hay que añadir el coste económico para las arcas públicas: nada menos que 25.745 euros al mes que abona la Consejería de Justicia en alquileres (3.628 por la sede de la Fiscalía en Secundino Alonso, 10.680 por el Juzgado de lo Social 2 y el Penal 2, y 11.435 por los Juzgados de primera instancia e instrucción 5 y 6, todos ellos en León y Castillo).

Los cuarteles en el centro de las poblaciones, en zonas que hoy son privilegiadas para el desarrollo urbano y la apertura de espacios públicos, son un vestigio del pasado. En otras ciudades –acaba de llegar al Congreso, por ejemplo, la reivindicación de Burgos- se están dando problemas similares.

El cuartel de Puerto del Rosario ocupa unos 125.000 metros cuadrados, encajado entre la calle Comandante Díaz Trayter –delegado del Gobierno en la Isla durante la dictadura de Primo de Rivera- y la calle Manuel Velázquez Cabrera -un político fundamental para la historia de Canarias y ‘padre’ de los cabildos-. Al Ministerio se le están pidiendo apenas 30.000 metros.

Cuenta la anécdota que cuando el Gobierno central pidió hace una década suelo para mejorar las condiciones y ampliar la cárcel de Tahíche, donde suelen cumplir condena los reclusos majoreros, un consejero del Cabildo de Lanzarote dijo, medio en serio medio en broma, que sin dudarlo porque “uno nunca sabe dónde puede acabar”. Hoy está pendiente de juicio. En una entrevista en Diario de Fuerteventura, el fiscal Tomás Fernández desvela que hay investigaciones en marcha que afectan a prácticamente todas las instituciones de la Isla. Una razón más para contar con un Palacio de Justicia.

10
Jul
2017
Manuel Riveiro

El hombre llega acelerado al muelle de Corralejo, a bordo de su Mercedes deportivo, para coger el último Armas a Lanzarote. Es sábado y ha sido una buena semana. En la moneda al aire en la que en ocasiones se convierte la Justicia, esta vez le ha salido cara. Hace cuatro días que el Tribunal Superior de Canarias le acaba de lanzar de nuevo a las portadas de los periódicos: anula su expulsión como consejero del Cabildo, en marzo del año pasado. La benévola sentencia considera que, aunque haya sido condenado a nueve años de inhabilitación, no hay que ser tan duro, que no puede ser alcalde, condición en la que cometió el delito, ni tampoco concejal, pero sí consejero. Y ya piensa en la vuelta a primera línea, en el regreso triunfal a la Corporación insular que preside “el santo sin canonizar” de Marcial Morales, como burlonamente le llama, y su imaginación vuela hasta las próximas elecciones. Suelta su primer eslogan: “Seré presidente con 79 años, para que sepan cómo es gobernar una Isla”.

Empieza a declinar la tarde sobre la Bocaina mientras se pasea por la cubierta del barco, americana de sport, vaqueros y playeras, y percibe alguna mirada de reojo. Siente que todavía le reconocen. No es el que fue, pero sigue atesorando cierto poder. Lo que más temen los líderes de su clase es el olvido. Y lo que más valoran es la fidelidad inquebrantable. No hace mucho que se ha cobrado, servida en plato frío, la venganza de descabalgar de la Alcaldía a quien fue su número dos y prefirió dejar de obedecerle en el hundimiento final de su carrera política. Tan solo once días después, la Audiencia Provincial le condenaría, de nuevo por prevaricación, a cinco años de inhabilitación. Para evitar contradictorias interpretaciones posteriores, esta vez para cargo público, “electivo o de libre designación, a nivel local o insular en Fuerteventura”. Al poco de tomar posesión en el 99, planea y ejecuta la venta de 125.000 metros de una parcela donada 17 años antes al Ayuntamiento para que los vecinos de Corralejo pudieran acceder a solares. Esa altruista finalidad nunca se cumplió.

Domingo González Arroyo y Dimas Martín, cada uno a su manera, se resisten a reconocer que su tiempo en la res publica hace mucho que expiró. Prefieren seguir en su particular montaña rusa

Domingo González Arroyo, el hombre que manejó a su antojo durante años el Norte de la Isla, que porta orgulloso el blasón de ‘Marqués de las dunas’, vive instalado en el corto plazo, en la huida hacia adelante. Saca pecho de las pequeñas victorias y pierde la perspectiva del complicado panorama procesal que se le avecina: la Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel –y otros nueve de inhabilitación- por atrincherarse en el Ayuntamiento de La Oliva durante meses, por ejercer de alcalde estando inhabilitado. Llegó a ordenar el cambio de cerraduras y tuvo que ser desalojado en diciembre de 2015 por la Policía. Se sentará también en el banquillo por el caso Baku, en donde le piden tres años de prisión, por prevaricación y por dejar de cobrar tributos que le correspondían a las arcas públicas del Ayuntamiento.

Con todo, González Arroyo sigue teniendo –al menos hasta hace un par de años- sus 1.500 votos en La Oliva y sus 2.800 en el Cabildo. Un botín por el que espera abalanzarse el Partido Popular. Hubo un tiempo en el que el poder político en Fuerteventura y Lanzarote, especialmente en sus principales zonas turísticas, esas incansables gallinas de los huevos de oro, estuvo en manos de Domingo González Arroyo, Dimas Martín –con problemas judiciales mucho más graves que el Marqués- y Honorio García Bravo. Los dos primeros nunca admiten que delinquen sino que cometen “errores” y, cada uno a su manera, se resisten a reconocer que su tiempo en la res publica hace mucho que expiró. Prefieren seguir en su particular montaña rusa: “Queda Domingo para rato”.

* Foto: Gabriel Fuselli.