Es triste e indignante que se publiquen noticias falsas de tal envergadura, incumpliéndose un principio básico del periodismo, el de investigar y escuchar ambas partes, sobre todo cuando se publican nombres, aunque mal escritos e incompletos. Yo me llamo Carsten Oliver Zwerenz, y mi padres han sido pioneros del turismo en Fuerteventura. Habían comprado suelo urbano a una empresa canaria en los años 70, para construir la urbanización Aguas Verdes, pero NO HAN, SIDO NI SOMOS promotores de los planes parciales Playa Santa Inés y El Cangrejo ni del Proyecto de Urbanización con el sistema de cooperación, que habían sido aprobados legalmente por las administraciones públicas, mucho antes de venir e invertir mi familia en la isla. Mi familia siempre luchó por la zona de Aguas Verdes, y el TSJC en dos autos de medidas cautelares, sentencia firme 467/2001 y tres autos de ejecución, el último de 2009, argumentó claramente “... limite claro y expreso de que con su ejercicio no se perjudique derechos de terceros, limite que fija el propio artículo 49,1 LPC y que es meridiano que en el presente supuesto ha traspasado la administración, ya que la declaración de caducidad de los planes parciales litigiosos es claramente perjudicial para sus promotores y para los propietarios de las fincas enclavadas en ellos, como es el caso del recurrente de autos.” Los 10.500.000m2 y las 136.000 plazas turísticas los habían aprobado el propio Gobierno y las Administraciones Públicas que ahora intentan “borrarnos del mapa” (palabras de un alto cargo político), yendo en contra de sus propios actos. Para aprobar el PRUG tardaron más de 22 años, dejando el municipio abandonado a su suerte, y el primer planeamiento urbanistico de Betancuria finalmente lo aprueban por fascículos en 2015. Tras más de dos décadas de lucha contra una clara expropiación encubierta que no sólo afecta a más de 400 propietarios e inversores, mayoritariamente extranjeros, en el ámbitos de los planes parciales, sino también a un municipio entero, estancado y hoy en peligro de extinción, no hay “punto y final” en este asunto, porque hay cargos públicos responsables que tendrán que pagar por sus actos. Lo que no se puede hacer es atraer a inversores, para luego hecharlos de esta forma. Tampoco se puede sacrificar la población rural por meros fines especulativos, a sabiendas que no podrá defenderse. Y de protección medioambiental hay muy poco en el PRUG de Betancuria! La economía canaria es muy vulnerable, el capital es volátil, y lo que han hecho a mi familia y al municipio de Betancuria no tiene nombre.